POR BENJAMIN ALFAROTAPACHULA.- Una denuncia pública ante los medios de comunicación fue lo que interpuso la señora Rosmery Gamboa Maldonado, originaria de Guatemala y esposa de uno de los tres sujetos detenidos por ser sospechosos de la muerte de Jorge Alberto Puente Armas, asesinado con lujo de violencia en el lava autos “911” de la 10ª calle oriente entre Central y 2ª avenida Sur el pasado 19 de abril.
La detención se llevo a cabo instantes después del homicidio y el hecho fue manejado por la Fiscalía Fronterizo Costa, como “en calidad de presentados” sin embargo a 20 días de la aprensión estos no han sido liberados ni sentenciados.
La señora Rosmery es esposa Gumercindo Méndez Bail, quién cubría el turno de la mañana, mientras que el occiso trabajaba por las noches. A ella al igual que a su pareja los detuvieron y fueron “torturados” por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
“Nos agarraron a todos y luego nos llevaron allá en el Boulevard Akishino, nos golpearon; a él lo golpearon a mí también me golpearon luego me desnudaron con la finalidad de que aceptáramos haber cometido el asesinato”, describió.
Relato que a su esposo los agentes de la Policía Ministerial pertenecientes a la Comandancia Regional “le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza” para obligarlo a confesar, en tanto a ella la amenazaron con quitarle a su menor hijo y dejarlo en un albergue.
Junto con Gumercindo también fueron detenidos dos personas más, entre ellos un adulto mayor que rentaba el lugar y a quién también se dijo han golpeado los elementos estatales.
Ante la búsqueda de apoyo para poder liberar a su esposo, también originario de Guatemala y con quién ha procreado a dos hijos, uno de 5 y otro de 7 años; la señora Rosmery sólo ha encontrado respuestas absurdas de la misma Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
“Lo que me dicen es que me ponga a orar que eso es lo que me va ayudar y no me han apoyado”, afirmó.
De los hechos las autoridades estatales no han informado algún avance de las investigaciones pese a que a la señora Rosmery le han dicho que “su esposo está relacionado con algunos secuestros”.
El acusado ya fue trasladado a la capital Chiapaneca, mientras que ayer lunes los familiares de este acudieron al consulado de Guatemala y a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra Migrantes, para buscar su intervención.
La detención se llevo a cabo instantes después del homicidio y el hecho fue manejado por la Fiscalía Fronterizo Costa, como “en calidad de presentados” sin embargo a 20 días de la aprensión estos no han sido liberados ni sentenciados.
La señora Rosmery es esposa Gumercindo Méndez Bail, quién cubría el turno de la mañana, mientras que el occiso trabajaba por las noches. A ella al igual que a su pareja los detuvieron y fueron “torturados” por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
“Nos agarraron a todos y luego nos llevaron allá en el Boulevard Akishino, nos golpearon; a él lo golpearon a mí también me golpearon luego me desnudaron con la finalidad de que aceptáramos haber cometido el asesinato”, describió.
Relato que a su esposo los agentes de la Policía Ministerial pertenecientes a la Comandancia Regional “le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza” para obligarlo a confesar, en tanto a ella la amenazaron con quitarle a su menor hijo y dejarlo en un albergue.
Junto con Gumercindo también fueron detenidos dos personas más, entre ellos un adulto mayor que rentaba el lugar y a quién también se dijo han golpeado los elementos estatales.
Ante la búsqueda de apoyo para poder liberar a su esposo, también originario de Guatemala y con quién ha procreado a dos hijos, uno de 5 y otro de 7 años; la señora Rosmery sólo ha encontrado respuestas absurdas de la misma Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
“Lo que me dicen es que me ponga a orar que eso es lo que me va ayudar y no me han apoyado”, afirmó.
De los hechos las autoridades estatales no han informado algún avance de las investigaciones pese a que a la señora Rosmery le han dicho que “su esposo está relacionado con algunos secuestros”.
El acusado ya fue trasladado a la capital Chiapaneca, mientras que ayer lunes los familiares de este acudieron al consulado de Guatemala y a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra Migrantes, para buscar su intervención.
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